Cuando alguna persona pretende influir en el comportamiento de otros, es muy importante que lo que recomienda u ordena esté respaldado por su propio comportamiento en el pasado.  Si eso es así, se dice que esa persona tiene la autoridad moral para esperar acatamiento de los demás.  Cuando eso no ocurre, su planteamiento es no solo motivo de omisión, si no que muchas veces es de burla.  Hay una infinidad de dichos populares que aluden a ese personaje que “predica pero no practica”, lo que es sinónimo de que carece de esa autoridad moral tan imprescindible.

Visto lo señalado, se entiende fácilmente el  por qué algunas actitudes y expresiones del Presidente Boric son desdeñadas porque se contradicen con su actuación anterior a su llegada a la Moneda.  Desgraciadamente para su gobierno, lo principal de la problemática nacional, como es el orden público y la recuperación económica, pasan por una actuación de gobierno completamente alejada de lo que fueron los postulados ideológicos y conductuales que se incorporó en su corta trayectoria política.  Es muy difícil que se tome en serio las posturas represivas de la delincuencia, de la subversión, de la inmigración ilegal, del narcotráfico, etc.  formuladas por alguien que postuló la violencia como legitimo instrumento de la lucha política.  Es muy difícil que de verdad colabore el sector emprendedor privado con un gobierno presidido por quien ha hecho profesión de la eliminación del capitalismo que es consustancial con la empresa privada.  Todos nosotros sabemos que el Presidente Boric llegó al poder con la intención de suprimir la educación privada, la atención de salud privada, la previsión privada, etc…  De esa manera, los acercamientos en esas materias se saben solo circunstanciales e inestables puesto que no corresponden con el verdadero propósito del mandatario.  En suma, el Presidente Boric carece de la autoridad moral para encabezar un programa de recuperación nacional que justamente se basa en los principios que él rechaza.

El emprendimiento privado se basa en el principio de que el capital es trabajo ahorrado, de modo que de ninguna manera puede considerársele como un enemigo del trabajo humano necesario para emprender.  El capital así concebido no puede convivir con los postulados marxistas y por eso la iniciativa privada desaparece en los regímenes socializantes que pretenden que solo el estado sea el motor y el protagonista del desarrollo económico.

Para los regímenes de izquierda radical, es imprescindible suprimir la actividad privada en los temas de que depende principalmente la preocupación de la población, como son la salud, la educación, la vivienda y la previsión.  Para tener a un pueblo dominado, es imprescindible controlar esos servicios básicos y, por lo tanto, no es tolerable la presencia de la iniciativa privada en esas materias.  Ese es el fondo latente en todas las iniciativas de esos gobiernos para tener un solo sistema estatal que controle y discrimine esos servicios.  Cuando existe educación privada, por ejemplo, se genera una odiosa comparación con la insuficiencia o mala calidad de la salud pública y lo mismo ocurre en relación a la educación, la previsión y la vivienda.  No es cuestión de modificar las reglas para esas actividades privadas en campos vistos como instrumentos de control de un pueblo y es eso lo que motiva las campañas contra las Isapres las AFP y similares.  Es eso lo que existe tras los constantes esfuerzos por perjudicar a las entidades privadas de educación, de salud, de construcción de viviendas y de previsión.  No se las perjudica por mal funcionamiento, sino porque son padrones de comparación incomodos para las entidades públicas que se ocupan de esos temas.  Para la extrema izquierda es difícil comprender que si alguien paga caro por estudiar en colegios y universidades privadas, para atenderse en clínicas privadas, para ahorrar en una AFP o para asumir un crédito hipotecario para adquirir su vivienda es porque esos servicios en manos del estado son insuficientes, y/o deficitarios en calidad y oportunidad.  Para la extrema izquierda es más importante controlar monopólicamente esos servicios que solucionar sus notorias falencias.

Ahora bien, aclarado el por qué de la carencia de autoridad moral del Presidente Boric para encabezar las necesarias campañas contra el desorden público, por ejemplo, surge la pregunta de si el país está condenado a la inacción en esas materias por los tres años de gobierno que aún le falta cumplir.  En el mundo real y diario, cuando una persona asume una tarea que no es capaz de cumplir, lo normal es que dé un paso al costado para entregar esa responsabilidad a alguien que pueda en verdad asumirla.  Pero en el mundo de la política parece que no existe el sentido común y por eso es preferible la ruina del país ante esa disyuntiva. En nuestro actual caso, la situación es tal que lo más probable es que se produzcan quiebres institucionales mucho antes de ese término de mandato.

Este análisis nos lleva a comparar la actual crisis con la que vivió el Chile hacia los años 1971 -1972  bajo el gobierno del Presidente Allende.  En esa ocasión la crisis nacional no soportó esperar el término del periodo regular para iniciar la solución de la grave situación que se vivía.  El precio de eso fue una dictadura militar de diecisiete años.  ¿Estamos dispuestos a pagar ese tipo de soluciones por respetar el término del periodo de Boric?  Se me ocurre que la respuesta es ya negativa para la gran mayoría de los chilenos.

Orlando Sáenz