Cuando se inscribe a una criatura en el Registro Civil, en realidad se está suscribiendo, en su nombre y representación, un contrato por adhesión que lo convierte en un ciudadano chileno con derechos y obligaciones perfectamente definidas en la constitución y las leyes que estructuran al estado en nuestro país.  Como todos los contratos, este contrato básico de adhesión, que es el que Rousseau llamó “contrato social”, obliga a ambos, al individuo y al estado, y establece los castigos por incumplimiento.  Si el individuo lo incumple, delinque y debe ser castigado por los tribunales.  Si el estado lo incumple, no solo puede ser demandado, si no que concede el derecho, en casos extremos, a la llamada “desobediencia civil” y hasta “el derecho de rebelión”.   Agréguese a esto que la principal y más solemne obligación que el contrato social le impone al estado, es el de garantizar la libertad y la seguridad de sus conciudadanos e imponer el respeto de todos a las leyes legítimamente promulgadas.  

Estos conceptos, simples y sobradamente consagrados por todo el aparataje ideológico que define las democracias representativas propias de nuestra civilización, y ciertamente la chilena, deben tenerse en cuenta para considerar lo que a continuación se analiza y se propone.

El día viernes 18 de octubre recién pasado, estalló una asonada largamente planeada por bien identificados grupos y partidos, cuyo claro y exclusivo propósito era subvertir el orden público y derrocar al gobierno democráticamente instituido y al sistema estatal que lo sustenta.  Esa asonada concitó un enorme y trasversal apoyo ciudadano porque se había acumulado un hondo sentimiento de descontento, frustración e ira.   Ese sentimiento se había gestado durante un largo periodo de tiempo y por causas en que el actual gobierno es muy poco responsable, como ocurre con la insuficiencia de los servicios médicos y la baja calidad de la educación, pero que acentuó con un discurso triunfalista que lo mostraba como inconsciente de lo que verdaderamente ocurría.  De esa manera, gran parte de la ciudadanía había llegado a la conclusión de que el gobierno vivía en una irreal burbuja muy ajena a sus exigencias, y la reacción inicial ante el estallido social confirmó esa convicción porque nunca supo anticiparse a la magnitud, persistencia y violencia del conflicto desatado.

Por otra parte, los planificadores de la asonada previeron acertadamente que el gobierno no la enfrentaría con la energía y determinación que ciertamente ameritaba.  Ya habían aquilatado su debilidad en la Araucanía y en el Instituto Nacional y, por tanto, estaban seguros de que abandonaría a su suerte a la “mayoría silenciosa” que es aquella que no marcha ni grita, si no que quiere trabajar en esa parte de Chile y educar a sus hijos en esas instituciones otrora símbolos de una formación ejemplar.

Todo esto se conjugó para determinar la indefensión en que ha permanecido esa mayoría silenciosa durante largas semanas en que le destruyeron su sistema de transporte, le saquearon sus locales comerciales, le quemaron sus fuentes de abastecimiento, le bloquearon sus vías de comunicación y mucho más, y todo ello al amparo de la hipócrita disculpa del derecho a manifestarse que, a los ojos de la autoridad, justifica el atropello de todos los demás derechos ciudadanos.  

¿A qué le teme tanto el gobierno como para dejar de lado el más elemental y fundamental de sus deberes, cual es el de garantizar el orden público y el respeto a la ley y el compromiso de libertad y seguridad que le entregó solemnemente a la gran mayoría que lo constituyó? ¿A que lo interpele un Parlamento que es la única institución de la republica más desprestigiada que él mismo? ¿A que lo arrastren a los tribunales los que sufrieron lesiones porque los reprimieron cuando, enmascarados, incendiaban, rompían o saqueaban al amparo de hipócritas manifestaciones pacíficas que todos saben que crean las condiciones para que ellos actúen? ¿A que le manchen su prestigio internacional las observaciones de esas comisiones que, con la disculpa de vigilar el respeto a los derechos humanos, visitan los países democráticos para impedir que se defiendan de la anarquía y ello porque no las reciben en países como China, Cuba, Venezuela o Guantánamo? ¿A que no le obedezcan las Fuerzas Armadas si apelan a ellas, como consecuencia de decenios de trabajar en un abismo que hoy las aleja dela sociedad civil? Pero la causa de la abdicación al deber de imponer el orden público, cualquiera que ella sea, no altera el resultado de desamparo en que se ha dejado permanecer a la gran mayoría del pueblo chileno.  Como quiera que sea, esa enorme mayoría silenciosa” tiene hoy más que justificadas razones para estimar que su contrato social ha sido fragrantemente incumplido por el estado y que eso le otorga todo el derecho a buscar una forma compatible con sus valores para ejercer su cuota de desobediencia civil como antesala de medidas más drásticas.  Para colmo de males, ahora se le pide que escuche en silencio como el gobierno ofrece soluciones de parche con recursos adicionales que precisamente pretende arrancarle a esa “mayoría silenciosa” ya sacrificada.  Eso agrega el insulto al agravio, porque se parece mucho a pasarle la cuenta del banquete a los que están lavando los platos.  

En base a todo lo señalado, concluimos que la “mayoría silenciosa” tiene que encontrar una forma de expresar su protesta airada y su práctica de la desobediencia civil para castigar el incumpliendo de su contrato social.  Sabemos que no se manifiesta marchando, portando carteles y gritando consignas, no porque le falte el valor para hacerlo si no porque cree que hay formas muchos más inteligentes, civilizadas y efectivas.  Sabe que una turba jamás ha generado otra cosa que formas de causar más daño y también sabe que ni los animales defecan en sus comederos, que es lo que ha hecho parte del pueblo chileno al destruir su propio sistema de trasporte, sus propias fuentes de abastecimiento, su propia infraestructura urbana, sus propias fuentes de trabajo.  Considerando todo esto, es que nos proponemos convocar a un periodo de abstinencia tributaria o sea a suspender el pago de todos los impuestos, contribuciones y gabelas hasta que el estado asuma en forma creíble y estable su deber de imponer el orden y castigar a quienes lo han quebrantado con resultados delictivos.  Esta abstinencia tributaria se podría transformar en permanente si es que la institucionalidad chilena no sobrevive al asalto de que ha sido objeto.

Ahora bien, es necesario complementar esto con la demostración de que no se pretende, en modo alguno, ahorrar pagos aprovechando la contingencia.  Por lo señalado es imprescindible complementar la abstinencia tributaria con la creación de una entidad que reciba esos montos y los encause al desarrollo de fuentes de trabajo y de expansión productiva.  Cuando las cosas se normalicen, se podrá pensar en transferirla al estado recobrado, pero ello no ocurriría hasta que existan garantías de que se regresa a la normalidad institucional.  De paso, mientras exista esa entidad, ofrecerá una buena oportunidad de demostrarle al pueblo chileno que el sector privado es mucho más eficiente inversor que el público a la hora de crear progreso.  

En todo caso, no es posible dejar de consignar que, con todo lo enorme que es el daño material que ha sufrido la “mayoría silenciosa”, mucho más grande y más largo de reparar es el daño sufrido en sus sentimientos nacionales. La fe en un estado que ejerce el imperium del orden y la legalidad, la confianza en una patria que crece, se desarrolla y resuelve sus diferencias en forma justa y racional han sido severamente lesionadas.  Lo peor de todo es la conciencia de que, por largo tiempo, solo habrá malas noticias que trasmitirle a nuestros compatriotas más necesitados.  Sabemos que cundirá la cesantía, que aumentaran los precios en la medida que caiga nuestra moneda, que la inversión productiva se hará virtualmente nula y que las enormes sumas que habrá que invertir para reponer lo que ha sido destruido significarán menos hospitales, menos escuelas, menos asistencia a los mayores.   A pesar de todo esto, no queda otro camino que agregar esta, la protesta que faltaba.

Orlando Sáenz