“Los imperdonables” (“The unforgivables”) es una película de Clint Eastwood que se refiere a aquellos actos que no solo no pueden ser perdonados si no que generan la obligación de cualquier hombre honrado de castigarlos cuando la ley no lo hace.  Ese film obtuvo grandes premios en su época y hasta hoy es muy admirado.  Lo que no había ocurrido antes es que, en un lugar tan remoto como Chile, se esté escribiendo el libreto de una secuela de esa película en que el papel del jefe de los villanos (Gene Hackman) y principal malhechor es el propio presidente de la República y su banda, constituida por los que los acompañan en el ejercicio del poder ejecutivo actual. 

Esta comparación, que podría parecer extrema, exige la explicación minuciosa de los crímenes que cometen estos nuevos “imperdonables” y que exigen que los ciudadanos consientes se propongan que alguna vez los alcance la justicia.  El primer crimen que cometen es el de no defender a sus conciudadanos que están siendo víctimas de una delincuencia y de una guerrilla en la Araucanía que diariamente deja sus víctimas y ello por razones ideológicas, irresponsables y programáticas.  Porque ¿cuál es la razón por la que Gabriel Boric y su gobierno no recurren a los instrumentos que la Constitución y las leyes les autorizan para defender a sus conciudadanos inocentes de la sistemática violación de sus derechos por bandas criminales que su permisibilidad ha dejado proliferar?  La razón para ello hay que buscarla en sus prédicas cuando eran un lumpen agitador de irresponsables.  La razón es la ideología marxista que ve en los delincuentes no solo aliados si no que justificados víctimas de la sociedad que no les dio otras oportunidades que el delito.  La razón es que esas bandas son sus reservas futuras para promover movimientos vandálicos que son sus instrumentos para alcanzar el poder político.  Todo eso es un pecado imperdonable que los convierte en cómplices de lo que ocurre. 

El otro pecado capital es el del amparo, que se convierte en promoción, de la corrupción planificada y sistemática de todo un partido de gobierno, como es el caso de los escandalosos convenios de que hasta ahora son principales actores los miembros de Revolución Democrática (RD) y los cómplices de otros partidos de gobierno que con su permisibilidad y ejercicio de su “vista gorda” facilitaron la rapiña de los recursos públicos destinados a necesidades básicas de la población.  En lugar de eliminar sistemática y masivamente a estos delincuentes disfrazados de funcionarios del régimen y de fundaciones creadas para defraudar, el régimen de Boric se ha limitado a descabezar personajes secundarios para proteger a los grandes culpables de lo ocurrido.  Ni siquiera un presidente como Salvador Allende se habría atrevido a darle esa bofetada al pueblo de Chile en su confianza en el manejo público.  Esta actuación convierte a Boric y a su régimen en cómplices de la peor colusión para robar el dinero que con tanto sacrificio le entregan los ciudadanos.  Ese es otra falta descalificadora suficiente para que la más elemental justicia le pidiera cuentas de lo así obrado. 

El tercer pecado capital es el de del indulto de delincuentes reconocidos por los tribunales de justicia, incluso de aquellos en el que el apelativo de “justicia” es en sí un insulto.  Con ello se socava la confianza pública en las leyes y en las normas jurídicas que nos rigen.  El escándalo de considerar víctimas de la sociedad a delincuentes que claramente representan un peligro público, como demuestra su reincidencia en el delito, no es un desatino si no que es la demostración de una podredumbre moral que no tiene paralelos en nuestra historia.  “Ay de los que escandalizan.  Más les valdría no haber nacido” dicen las sagradas escrituras y aunque no se crea en ellas, su contenido ético es innegable. 

El cuarto pecado capital es el cinismo con que, simultáneamente con la comisión de estas faltas descalificadoras, el régimen pretende negociar nuevas gabelas para agobiar a la ciudadanía.  Verdaderamente causa vergüenza y estupor ver al Ministro de Hacienda empeñado en implantar nuevos tributos cuando no dice una palabra sobre lo que pudiera hacer para cerrar los agujeros que convierten al fisco en un barril sin fondo para regocijo de las bandas de ladrones que su gobierno ha convertido en funcionarios públicos.

El quinto crimen es el de haber permitido la invasión del territorio nacional por millares de indocumentados que en una gran medida han venido a Chile a delinquir e ingresado clandestinamente.  De ellos los delincuentes chilenos han aprendido nuevas técnicas para hacerles imposible la vida a sus conciudadanos.  El haber permeabilizado las fronteras de la patria en una forma tan ostensible e irresponsable, es nada menos que un atentado a la seguridad nacional que, si es posible, quiere decir que nuestra patria está en la indefección ante la agresión extranjera.


¿Qué es, pues, lo que hay que hacer con estos “imperdonables”? hay que arrastrarlos, en cuanto se pueda, a tribunales nacionales e internacionales que correspondan y si en ellos no se encuentra justicia para el pueblo chileno, hay que estigmatizarlos de manera que sean repudiados por los individuos honestos que todavía abundan en el mundo allí donde puedan estar pretendiendo el retiro después de la rapiña.  Esa tarea nos quedará pendiente en cuanto alguna fuerza política reparadora los expulse del poder que nunca estuvieron calificados para ejercer.

Orlando Sáenz